A PROPÓSITO DE ´NUESTRO´ “CASO CARRASCO”

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A mi juicio, la cuestión de competencia judicial planteada en el “caso Carrasco” de supuesta eutanasia de la mujer por su marido pone de manifiesto las incoherencias jurídicas que se siguen de las arbitrarias distinciones que paradójicamente surgen del “principio” de igualdad entre el varón y la mujer que en el terreno penal tienen como efecto, de un lado, la tipificación de los delitos de “violencia de género” y asimismo, de otro, la especialización de los juzgados a los que se reconoce competencia para conocer de este tipo de delitos. Conviene decir que aquel “principio” no deja de ser una estúpida manifestación de una no menos estúpida ideología. Así se pone de relieve en el “caso Carrasco” como espero razonar aquí.

La cuestión se concreta en dicho caso en que el Juzgado de Instrucción al que, por turno, corresponde el conocimiento del caso se inhibe remitiéndolo al Juzgado de Violencia de Género. A dicha remisión se opone la Fiscalía de este último Órgano cuya opinión es ratificada por la Juez titular.

La razón que se invoca para rechazar el caso es que por tratarse de un asunto de eutanasia o muerte asistida, no por el hecho de ser varón quien practique el acto que produce la muerte de la mujer, su esposa, se subsume el homicidio en la actividad constitutiva de la competencia del Juzgado especializado puesto que no implica acto de violencia alguno del varón sobre la mujer que sea signo de la dominación de este último sobre aquélla. Según el Informe de Fiscalía y la resolución de la juez, esta es la doctrina que se deduce de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en modo alguno establece  la competencia del Juzgado sobre los delitos de violencia de género en cualquier acto homicida en que sea sujeto activo un varón respecto de una mujer; no basta, pues, la diferencia de género entre el sujeto activo del acto y su víctima. Es necesario para eso que entre ellos se de una relación de dominación o dependencia del varón sobre la mujer por virtud de la cual se pueda determinar que en el acto interviene violencia. Y no es ese el caso en el supuesto de la asistencia del marido para la muerte suplicada por su mujer.

En mi opinión, no puede ser más satisfactoria la razón aducida que acaba de señalarse pero solo si se atiende a un punto de vista meramente lógico. En la ayuda para que se produzca la muerte deseada que no puede lograr por sí misma la persona que la desea no hay violencia y, por consiguiente, no cabe reconducir el asunto a un Juzgado especializado en violencia de género.

Pero ¿esa lógica es acaso suficiente en una argumentación propiamente jurídica como corresponde a los juristas?, ¿esa lógica da satisfacción a la necesidad de resolver los problemas o conflictos sociales de conformidad con los principios jurídicos a fin de que la convivencia se establezca sobre un verdadero Estado de Derecho, fundamento de justicia y de paz? Pues bien, la respuesta a esas preguntas ha de ser necesariamente negativa ya que el Derecho y la argumentación que requiere han de responder, como es sabido, a una propia lógica que acaba por dar sentido a sus conceptos y por estructurar también sus relaciones en vista de sus finalidades.

Y, vistas así las cosas, resulta que ante la opinión de la Fiscalía y de la señora juez hemos de concluir, por lo pronto, que, la privación de la vida en el caso de la eutanasia no representa un acto de violencia, cuando acto de violencia, y de violencia suma, debe considerarse disponer de la propia vida tanto como de la ajena en cualquier circunstancia. Ya me parece estar oyendo a los -supuestos- partidarios del -supuesto- pluralismo en la vida cultural objetar que esa apreciación mía está inspirada por el pensamiento cristiano y que, como tal, resulta inatendible (olé, viva el pluralismo y la libertad). Pero su afán de ocultar o negar la influencia de la verdad cristiana sobre el inevaluable bien de la vida no puede llevar a los juristas hasta el límite de negar que el ordenamiento jurídico español considera a la eutanasia como privación del bien de la vida; razón por la que tipifica específicamente la muerte asistida como delito en el Código Penal que le asigna una pena. Que no se particularice en el texto del precepto el sexo de los intervinientes en el delito pero también el hecho de que se considere delictivo no puede sino plantear si la condición de varón del sujeto activo del acto homicida remite al ámbito de los delitos de violencia de género. Negar de entrada esa posibilidad supone, se diga o no se diga, poner en cuestión implícitamente la procedencia de configurar la eutanasia como delito. Procede, entonces, preguntarse por la pertinencia de que una señora de la carrera fiscal y otra señora perteneciente nada menos que a la carrera judicial de hecho actúen al margen de un delito tipificado en el Código Penal. Se entiende que la pregunta es meramente retórica.

Pero no solo se actúa al margen del ordenamiento nacional con la razón aducida para negarse a ser juzgado competente para conocer de un caso de muerte asistida en el que asiste a una mujer un varón, sino que, en un plano incluso más concreto de aplicación del Derecho esa razón invocada resulta absolutamente inapropiada. No hace falta extenderse para poder comprender que en la realidad, prima facie, se tendrá el hecho de una muerte cuya subsunción en eutanasia o no habrá de ser objeto de la instrucción del caso. Y en esa instrucción quedará ponderado igualmente si en el acto homicida se produjo o no violencia.

El verdadero sentido jurídico y con él su función al servicio del hombre conviviente en sociedad queda de hecho arrinconado cuando se parte, no de razones jurídicas y de su lógica, sino de lo que no es más que producto de una ideología. Ideología que para más inri se considera “progresista”.

José Mª De la Cuesta Rute

29 abril 2019