CONTINÚO SIN «SALIR DE MI APOTEOSIS»

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Hablo de continuidad puesto que el presente tiene como referencias los post de la primavera pasada en que traté de las falacias y tópicos acuñados –alguno en relación con su fundación según Don JUAN JACOBO- respecto de la democracia representativa, que se aceptan sin la menor crítica en la actualidad. Si entonces, y por ser invocados aquellos topicazos como razones justificadoras de dicho sistema político, manifesté mi imposibilidad de “salir de mi apoteosis”, la continuidad en ella se comprenderá fácilmente si se piensa que las falacias se alimentan y hasta se multiplican y se agravan con los últimos acontecimientos que estamos viviendo con la investidura del llamado doctor Sánchez, que es sin duda inconsistente con los falaces tópicos a que me refiero. Se puede decir que tales tópicos se multiplican y agravan porque los aludidos acontecimientos actuales desdicen, por ser derechamente contrarios a ella, la cláusula “Estado de Derecho”, que, podríamos decir, es, a la vez, causa y efecto fundamental de la democracia representativa y por consiguiente así se repite venga o no a cuento por lo que toca a nuestro sistema de organización, digamos que política.

No considero necesario reproducir los más que duros reproches dirigidos contra Sánchez, incluso por militantes de base y por barones de su partido, a causa de sus chanchullos, cambios de opinión y mentiras en definitiva para asegurarse su investidura como Presidente del Gobierno del Estado. De suerte que la tal investidura se producirá al cabo sobre la base de transgredir muchas instituciones del propio Estado. Y esto no cabe duda de que es verdad, pero lo que me deja turulato es que de facto pueda hacerlo ese tal Sánchez sin que suceda nada, sobre todo en los casos en que muy especialmente las instituciones conculcadas constituyen pilares del sistema constitucional vigente, pilares que sostienen el Estado de Derecho, cimiento, a su vez, del sistema democrático.

No entraré en discutir acerca de la dominante concepción positivista del Derecho. Y no entraré porque, aun aceptándola, lo que no es desde luego mi caso, ni siquiera una concepción positivista en cuanto al orden jurídico-constitucional, diferente del Ordenamiento jurídico “ordinario”, puede fundamentar que aquél  no sea respetado por el Gobierno, efectivo o en ciernes todavía, del Estado.

Del arbitrio de dicho Gobierno depende, según la concepción positivista, la permanencia o el cambio de las normas constitutivas del Ordenamiento jurídico ordinario, pero en modo alguno pueden las normas constitucionales depender de aquel Gobierno sino, a lo sumo, a efectos de iniciar su proceso de cambio, que por lo demás se somete a las normas del propio orden constitucional.

Desde luego que la cuestión resulta más diáfana si, como en verdad procede, partimos de una concepción no positivista del derecho, sino adecuada a su raíz antropológica, que por lo pronto excluye reducir el derecho, constitucional y no constitucional, a normas escritas sin considerar, como mínimo, los principios generales y hasta los usos. Pero, aun así y todo, aun reduciendo el Ordenamiento constitucional a lo que dice textualmente la Constitución, no puede atribuirse al Gobierno del Estado y, menos todavía, a quien se postula para ser su presidente y tampoco, pues,  contando con el apoyo de una mayoría en las Cortes Generales, la capacidad y facultades para el cambio constitucional. Y no sólo porque éste debe sujetarse a normas positivas concretamente establecidas para el cambio, sino porque el cambio ha de proceder del mismo sujeto que fue titular del poder constituyente.

Si aceptamos la majadería de una existente voluntad general, que presupone un sujeto colectivo para persuadir acerca de la participación de todos los ciudadanos en la elección de unos supuestos representantes de aquel sujeto, debemos aceptar todas sus consecuencias y con todas sus respectivas consecuencias. No es dudoso que ni al Gobierno ni a quienes postulan ser sus miembros, en solitario o en coalición con otros partidos, incumbe cuanto corresponde al supuesto sujeto colectivo. Pero aunque no se piense en un sujeto semejante sino que se parta, como es debido, de la existencia de una comunidad compuesta por ciudadanos individuales la solución no es distinta.

Considero suficiente lo dicho para que se entienda que de ninguna manera es admisible dar por bueno que el tal Sánchez y sus correligionarios pueden introducir cambios en realidad afectantes al orden constitucional que no se reduzcan a iniciar el proceso de tales cambios según prevé el texto de  la Constitución. La pretensión del Sánchez y de sus “amigotes” implica la mayor negativa a la vigencia del Estado de Derecho entre nosotros; de acuerdo con el derecho comparado esa pretensión estaría fuera de la ley con todas sus consecuencias en cualquier Estado obediente a dicha cláusula, y si entre nosotros no lo está de facto se debe, por un lado, a los defectos de la santa transición y, por otro, a los resabios del positivismo jurídico, que hace ilusorio el “imperio de la ley” pese a que a que a él se aluda una y otra vez para engaño de incautos.

Pero ¿puede ser indiferente para alguien el atropello que significa para el Derecho lo que se sabe que nos espera si el tal Sánchez se inviste?, ¿es suficiente con anunciar sus males o advertirle al doctor de que no sea “malote”?, ¿no constituye acaso un “golpe de Estado” lo que el postulante a presidir el Gobierno pretende, puesto que el poder constituyente en nuestro caso se configura alrededor de la comunidad organizada en Estado-nación, o sea España, es decir la totalidad de todos los españoles? Menos mal que muy cercana al tal Sánchez se encuentra una singular lumbrera que es seguro que le aconsejara adecuadamente… ¿o no?

José Mª De la Cuesta y Rute

6/01/2020