¡NO SALGO DE MI APOTEOSIS! (II)

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II) Punto de partida y puntos de interrogación

 

No negaré que para que mi extraordinario asombro se produjere tan solo ha sido suficiente contemplar la realidad de lo que nos ha pasado, nos continúa pasando y nos seguirá ocurriendo en España desde hace menos de un año y hasta que el Todopoderoso se sirva usar de su misericordia hacia los españoles. Recordemos brevemente cómo se iniciaron los acontecimientos a que me refiero. Pero no sin antes decir que eventualidades semejantes se dan también en otros países.

Pese a su indudable interés por sus consecuencias bien desdichadas aunque previsibles dadas las circunstancias, no es momento de detenerse en la etiología de los sucesos que comienzan con la moción de censura que termina con el Gobierno que presidía el señor Rajoy e inaugura uno presidido por el señor Sánchez, que, al parecer, se prolongará tras las elecciones generales recién celebradas, alguna de cuyas vicisitudes también son objeto de consideración aquí.

Desde mi punto de vista, todos esos sucesos se integran en lo que, atendido el concepto de democracia, afecta a su significado de sistema político sustentado en la voluntad de los ciudadanos por lo que se refiere tanto a su efectivo comienzo como a su no menos efectivo final, así como afecta también a la caracterización del sistema como representativo de los ciudadanos. La almendra del sistema se encuentra en la elección por los ciudadanos de quienes les representen en la acción política. En términos generales, pues, nuestro ensayo abordará los aspectos en que se traducen aquellas vertientes que acaban de indicarse.

En nuestro caso, el político que asumió eso que, convencionalmente por supuesto, se llama gobierno accedió a su disfrute mediante el ejercicio de una moción de censura contra quien lo venía ocupando en virtud de su elección mayoritaria celebrada en su día y que seguía contando con un número de diputados que constituían el mayor grupo de todos los que integraban el Congreso cuyos escaños cubrían en mayor número que cualquier otro grupo, incluyendo por supuesto aquél al que pertenecía el promotor de la moción de censura señor Sánchez. Estas circunstancias obligan a interrogarse acerca del efectivo significado del concepto de mayoría que se maneja en relación con el sistema político de referencia.

Y las matizaciones que han de efectuarse no dejan de afectar en grado extremo a la característica primordial que, según se afirma, define el sistema democrático representativo y que se destaca como signo de la superioridad del sistema respecto de cualquier otro. La afectación ha de reconocerse si se tiene en cuenta que, con dichas precisiones al mismo tiempo que se pone en cuestión la realidad del carácter electivo de los gobernantes en virtud de la concurrencia en la elección de una mayoría de los ciudadanos, se desnaturaliza la función representativa de aquellos en favor de estos últimos al resultar equívoca la materia sobre la que ha de recaer la actividad política confiada a los gobernantes. Por lo demás, y aunque no se hable de ello, resulta que, una moción de censura implica el cese y sustitución de los gobernantes que de esta manera no se produce en virtud del paso del tiempo que agota el período que abarca aquél para el que fueron elegidos; es decir, el cambio de gobernantes no responde a la voluntad de los ciudadanos expresada mediante el voto.

De cuanto acabo de decir se desprende la oportunidad de plantearse la exactitud de caracterizar la democracia representativa con la ocupación del gobierno por quienes son elegidos por la mayoría de los ciudadanos. De todo esto me ocuparé en la primera parte de este ensayo (III).

Todavía dentro de esa misma perspectiva se advierte que, según acabo de dejar insinuado, el carácter representativo de la democracia presenta flancos que hacen más que discutible caracterizarla de ese modo. A ello destinaré la segunda parte de este ensayo (IV).

Por otra parte, las causas por las que se pone fin al gobierno aun formado por la voluntad electora de los ciudadanos extinguiendo la relación supuestamente representativa no pertenecen al elenco de las que ponen fin a relaciones de dicho carácter stricto sensu. Se destina a la consideración de esta cuestión la tercera y última parte de este ensayo (V).

Se comprende que las ideas que aquí se desenvuelven pretenden ser un revulsivo que impulse a abandonar los tópicos al uso al hablar de la democracia representativa y, al mismo tiempo, lleve a consumar un verdadero análisis del sistema político electivo de los gobernantes que de verdad lo sea.

Y conviene decir desde ahora mismo que para lograr esos objetivos se han de respetar los principios y conceptos clásicos de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio así como el de bien común. Los primeros necesariamente han de ordenarse principalmente a asegurar las condiciones morales con que los sujetos deben abordar y llevar a la práctica la acción política; por su parte, el bien común ha de ponderarse en relación con la determinación de la actividad política. Por cierto que es muy significativo que ningún discurso político de nuestros días mencione siquiera el bien común hasta el punto de que se puede decir que queda sustituido por un difuso interés general o interés público de más que dudoso significado. Tampoco puede decirse precisamente que la consideración de la legitimidad, ni de origen ni de ejercicio, disfrute de predicamento en nuestros días.

José Mª De la Cuesta Rute

2 de mayo de 2019