¡NO SALGO DE MI APOTEOSIS! (III)

0
57

 

Nos toca abordar la cuestión de la elección de los políticos por los ciudadanos. Al hacerlo, y al hacerlo sobre todo sin prejuicios ni bobadas cobardes ante el “qué dirán”, lo primero que se pone de manifiesto es lo cuestionable que resulta que se pueda hablar de que los ciudadanos eligen por mayoría a los que desean les gobiernen. Y eso es así, en primer lugar por la ambigüedad en este contexto del término mayoría que, en consecuencia, es susceptible de fundamentar una errónea presunción que, por aceptarse sin la menor reserva, puede considerarse mentirosa; razón, por cierto, a causa de la cual para ser elegido para la ocupación de las poltronas del poder cuentan con ventaja aquellos que desenvuelven su actividad mediante una constante mentira sobre cualquier aspecto de la vida; es decir, juegan con ventaja quienes son ellos mismos mentirosos. De ahí que tengan mucho ganado en esta contienda quienes lo son. Y no creo necesario, por estar en la mente de todos, mencionar a nadie en particular de ningún concreto momento histórico. De aquí se desprende lo artificioso y falto de consistencia real que resulta sostener que el acto formalmente de elegir se substancia como una verdadera elección de los ciudadanos, cosa que, por otra parte, se corrobora al comprobar la carencia en manos de estos últimos de remedios ciertos ante la conducta de los elegidos opuesta a lo que prometieron.

La ambigüedad del término mayoría a que me refiero se vincula al carácter relativo con que se concibe y usa ese término. Quizá antes todavía de referirme a qué puede entenderse por mayoría en relación con el número de votos emitidos por los ciudadanos en un acto ad-hoc, llamado precisamente de elecciones, convenga incluso hacer mención de que un gobierno puede ser desalojado y sustituido por otro en virtud de lo que se conoce como moción de censura. Recordemos, por lo demás, que una de esas mociones desalojó recientemente entre nosotros del poder a quien lo venía ocupando en virtud de su elección mayoritaria y seguía contando con un número de diputados que formaban mayoría y que además había sido el partido más votado en su día. La repetida moción se ganó sobre la base de conjuntar a diputados integrantes de varios partidos. A esa conjunción nadie había prestado su voluntad positiva y sin embargo se considera que constituye una mayoría capaz de sustentar un gobierno democrático. A esta conclusión presta su concurso la existencia de los partidos políticos de los que alguna cosa más habremos de decir más adelante.  Por el momento señalemos que en consonancia con la moción de censura y con el juego de los partidos políticos, el termino mayoría se puede entender referido a los sujetos que resultaron elegidos por los ciudadanos en su momento tanto por referencia a todos los electos de cualquier grupo como al número de escaños que ocupan en el Congreso de los diputados en consideración al número total de éstos; en ambos casos sin embargo la mayoría es relativa, bien por referenciarse al número de diputados de cada grupo de ellos en el primer caso o bien, en el segundo, por referenciarse al total de escaños.

Debe además tenerse en cuenta que los ciudadanos electores pueden no ser considerados como un único bloque, sino, por contrario, entenderse constitutivos de tantos bloques como sea posible dividirlos a causa de su residencia o por cualquier razón  que se invoque a efectos de señalar una cierta igualdad entre ellos gracias a la proporcionalidad con que sean tratados.

Todas estas posibles particularidades se determinan de hecho por virtud de la legislación electoral que pertenece al orden de la legislación ordinaria –por “orgánica” o de cualquier otro modo que quiera denominarse- y que, por consiguiente, es producto del voluntarismo en cada caso del legislador. Dado el positivismo rampante que disfrutamos en el campo del derecho, a la voluntad del legislador queda subordinado de hecho el valor que quepa conceder a cada voto de cada ciudadano. “Cada uno, un voto” sí, pero el valor de ese voto varía, y no sólo por arbitrio en general del legislador sino por el arbitrio que en concreto le aconseja la conveniencia a efectos de su perpetuación en el disfrute del poder.

Por si todo lo dicho sobre el relativismo y la ambigüedad del término mayoría no fuese suficiente para poner en tela de juicio que la elección por mayoría se puede considerar nota determinante del sistema democrático, todavía son de considerar los efectos que produce el juego de los partidos políticos, esto es, el resultado de la llamada partitocracia. De ésta puede hablarse cuando el partido es el que con su ideario o, más bien, ideología aglutina a los sujetos que se presentan como elegibles manteniéndose el grupo en el tiempo. El objetivo o los objetivos por los que se define la elección de los ciudadanos se acaban configurando por la decisión de los líderes de los partidos que con una u otra cantidad de sostenedores son capaces, en su caso, de consensuar los objetivos a alcanzar por la mayoría que representa la suma mayoritaria que resulta de uno y otro u otros partidos. No parece necesario explayarse en la falacia que representa mantener que la elección mayoritaria por los ciudadanos es lo que caracteriza a la democracia.

La conclusión que ya en este momento puede extraerse es que en la democracia representativa los miembros de las burocracias dominantes, en cuanto que pertenecientes al polo de la dominación en la relación de mando/ obediencia, no son nadie a quien corresponda el poder por razones ajenas a un acto de elección de los ciudadanos, pero ese acto de elección es caracterizado por múltiples notas que no solo permiten sino que obligan a establecer diferencias entre los sistemas democráticos. Pero el acto de elección supone de suyo una limitación en el tiempo por lo que se refiere a la duración del encargo que la elección implica.

La elección por lo demás hace llamada ineludiblemente a un sujeto que elige. Esto, a su vez, no es simple tampoco. Me parece fundamental aquí plantearse, por un lado, si en verdad puede hablarse de un sujeto unitario o no; y, por otro, de cuáles sean sus notas definidoras.

En este punto es imprescindible el recuerdo de ROUSSEAU por su invención de un sujeto colectivo al que se le atribuye nada menos que la condición de soberano. Naturalmente que un sujeto colectivo del que sea posible predicar una voluntad ni se da ni puede darse; por definición se trata como hemos visto de tener que ponderar varias voluntades según el criterio que se desprenda de la ley electoral en cada caso. Pero también serán distintos los grupos que hayan de tenerse en consideración según cómo estén atribuidas las competencias entre los poderes de distinto orden y según el orden a que corresponda la elección en cada caso. Nada, pues, más inadecuado que hablar de un sujeto colectivo único como “elector”; mucho más inadecuado todavía estimar que ese sujeto es soberano. La invención de la soberanía nacional se vincula a la idea negativa de que por encima del “pueblo” no hay otro soberano, y, en este sentido, adquiere significado en el discurso acerca de la monarquía para sacrificarla como forma de gobierno. Pero la soberanía también se vincula a su idea positiva que significa que el pueblo puede hacer todo lo que crea oportuno. Antes se decía que podía hacer todo menos un hombre de una mujer. Pues ahora ni ese límite se considera tal, porque gracias al imparable “progreso” –hacia las cavernas, claro-, en los momentos actuales el género lo consiente todo.

Pero independientemente del hallazgo feliz (?) del género, el sentido positivo de la idea de un soberano presupone la especificación de las notas definidoras del pueblo como comunidad electora de sus gobernantes. Y en este punto no podemos sino entender que ese pueblo se corresponde con el propio del Estado-nación, esto es, con el propio de la comunidad organizada en Estado del momento histórico de la Ilustración. Lo cierto es que de poco sirve esa referencia cuando lo que se pone en cuestión es esa determinación de la comunidad de referencia. Y de esto más que un poco, por desgracia, sabemos los españoles de estos momentos. De poco valen las ocurrencias rousseaunianas ante la interrogación fundamental que implican los separatismos (creo mejor llamarlos así que nacionalismos). La desdichada evidencia que de ello tenemos los españoles inexplicablemente no provoca que se dé estado a la cuestión a la que aquí me estoy refiriendo por quienes, a mi juicio, en principio deberían dárselo, esto es, los académicos (se entiende, de los de verdad) siendo así que de suyo es  insoslayable, nos guste o no nos guste, y por mi parte la detesto.

Por último, es oportuno referirse aquí a lo que ya ha sido dicho anteriormente sobre que tan falso por inconsistente con la realidad como la elección de los gobernantes por mayoría y como la existencia de un sujeto colectivo soberano, relativas ambas cuestiones al momento inicial de un período de la democracia –llamado por lo general legislatura-, es proclamar el final de cada período por el transcurso del tiempo prefijado. El recuerdo de la posibilidad de una moción de censura lo desmiente.

¿Será mucho pedir que alguien se ponga a estudiar lo que ha de ser una organización política de una comunidad en nuestros días?. Desde luego, sin renunciar a los datos o elementos positivos de la llamada democracia representativa que conocemos, pero también definitivamente sin recurso a los topicazos y lugares comunes en este contexto repulsivos por falaces y por estúpidos y embrutecedores de quienes debemos estar bien despiertos en beneficio de nuestro propio desarrollo de hombres libres.

22 de mayo de 2019

José María De la Cuesta Rute