¡NO SALGO DE MI APOTEOSIS! (y V)

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De conformidad con todo lo dicho hasta aquí, podemos concluir que la elección de los políticos mediante el voto de los ciudadanos se efectúa sin que estos últimos puedan saber el motivo por el que en definitiva se tengan por elegidos a determinados candidatos. El voto, pues, es, de hecho, fruto de una decisión absolutamente individual que se adopta por motivos –ni siquiera siempre por razones- capaces de seducir al individuo que lo emite.

Así las cosas, se hace más que discutible la “ocurrencia” –en realidad no puede tacharse de manera distinta- de atribuir el resultado de la elección democrática a un sujeto colectivo. Únicamente se puede considerar al “pueblo” como un conjunto unitario a los solos efectos de subrayar que quienes ejercerán el poder y lo disfrutarán son de igual condición que la de cualquier otro ciudadano; esto es, que la relación mando/obediencia no viene establecida por los ciudadanos de un lado y, de otro, por quien disfruta de una condición particular –excepcional, más bien- por su pertenencia a una familia determinada, sino que ciudadanos y “políticos” son de condición idéntica. En definitiva, como ya indiqué anteriormente, con la mayoría de los tópicos consagrados alrededor de la democracia moderna y desde luego con el lugar común de mayor envergadura, y encima engañoso, se trata de resaltar las supuestas virtudes de dicho sistema político frente al vigente tradicionalmente de la monarquía absoluta.

Por otra parte, si, según se ha dicho ya, la ignorancia acerca del resultado efectivo del juego del voto individual en el momento de emitirlo resulta ineludible a causa del no menos ineludible desconocimiento de lo que sea en cada caso la mayoría, aquella ignorancia se extiende a lo que terminará sucediendo gracias a las componendas y tejemanejes de los partidos que de algún modo hayan obtenido ciertos resultados, en principio favorables, en la elección, esto es, que hayan obtenido algunos, incluso pocos, votos a su favor puesto que esa circunstancia sin necesidad de mayores precisiones les puede habilitar para participar en la industria extractiva del poder si saben jugar al juego de los pactos y negociaciones o, perdón porque casi se me olvida, del diálogo  Y es de singular importancia subrayar que aquellas componendas se han de fundamentar en la “moderación” y el “centrismo”; eso sí, esto último es solo necesario si quienes negocian lo hacen en cuanto representantes de partidos que no pueden tildarse de izquierdas porque en ese caso cualquier radicalismo es, de facto, bienvenido, como acorde que es a la premisa indiscutible de que la izquierda se caracteriza por propugnar, y conseguir si no fuera por los obstáculos que levantan las malvadas derechas un bienestar igual a todos los ciudadanos.

De suerte que el votante no tiene oportunidades ni de conocer siquiera a lo que los famosos pactos obligan ni lo que sus “representantes” han tenido que ceder, renunciando a actuaciones o políticas que propugnaban y justificaron el voto o, viceversa, lo que han tenido sus “representantes” que asumir en contra de los proyectos que se pretendía llevar a cabo y que, siendo patrocinados por otros postulantes del voto, fueron rechazados al no votarles. En suma, que las personas que acaban por alcanzar las distintas posiciones desde las que se ejerce dominación o mando en las relaciones sociales verticales pertenecen de hecho a unas oligarquías que no tienen otro fin que el disfrute del poder. Oligarquías establecidas mediante los partidos políticos y que se perpetúan al menos como se perpetuaban antiguamente las personas portadoras de las coronas reales.

De estas realidades ciertas no puede sino deducirse que resulta un verdadero sarcasmo tener a los electores votantes por un conjunto unitario y encima considerarlo precisamente “soberano”: de la misma manera que también es sarcástico que la actividad a que se refieren las decisiones adoptadas por las oligarquías “negociadoras” y a la que éstas hayan de dedicar su atención pueda considerarse fruto o resultado de una “voluntad general”. Ni soberanos colectivos ni voluntad general, pues, que valgan. Detengamos, en consecuencia, las cadenas de lugares comunes abstractos que no hacen sino ocultar la realidad y evitar el verdadero progreso en la comprensión y resolución de los problemas que afectan a la consecución de una convivencia social pacífica y justa, materia que demanda una verdadera y rigurosa fundamentación.

No está de más recordar aquí que, como ya quedó anticipado, la terminación del mandato de los políticos electos no depende en realidad del transcurso determinado de un período de tiempo ni, mucho menos tampoco de la revocación de los ciudadanos. La conclusión o término  depende exclusivamente de la voluntad de los que desempeñan la función “representativa” sin que, desde luego, respondan civilmente de los daños y perjuicios que pudieran seguirse de dicha extinción del mandato por extemporáneo que éste  pudiera ser.

No me es fácil renunciar a decir cómo se confirman las cosas que aquí se dicen al contrastarlas precisamente con los hechos o acontecimientos que en estos momentos estamos viviendo en España. Cómo será de palmario esto que no es infrecuente oír de boca de habituales tertulianos y leer de eminentes comunicadores de distintos medios referencias a las deficiencias democráticas que presenta nuestro sistema político. Pero debe advertirse que esos defectos se achacan por lo común a las deficiencias de la ley electoral, tal como si con la reforma de ésta nuestra democracia se convirtiera en inmejorable. No es dudoso que una reforma de dicha ley es requisito imprescindible para evitar los más clamorosos desajustes de nuestro sistema, pero esa reforma no resulta suficiente para avanzar en la legitimación de la democracia, que siendo la cosa de mayor importancia y hasta urgencia, no merece sin embargo  la menor atención ni de tertulianos ni de medios de información ni de los profesionales en ellos integrados ni, por supuesto y es lo más lamentable, por parte de aquellos que, como los académicos, disfrutan de auctoritas para formular la crítica del sistema vigente y establecer propuestas para su reforma de modo que en verdad lo hagan medio para lograr el verdadero  progreso.

Si como resultado de todas las deficiencias referidas y otras muchas sobre las que no es necesario extenderse ahora no puede evitarse un juicio adverso del sistema desde el punto de vista de su efectiva legitimidad de origen, esas mismas deficiencias en cuanto que los famosos pactos marcan la realidad de la acción política así como la dirección de las políticas mismas hacen imposible atribuir a los electos gobernantes la legitimidad de ejercicio; la misma incidencia negativa se manifiesta si tenemos en consideración tanto el modo como se proponen  las finalidades a alcanzar por  medio  de las políticas propuestas por los candidatos como también  la concordancia de esas propuestas con los actos en que efectivamente se traducen.

Es significativo a los efectos de lo que estoy diciendo considerar el modo como se difunden los propósitos a llevar a cabo por quienes se postulan para ser elegidos por los ciudadanos en las correspondientes elecciones. Dichos propósitos, que se recogen en un documento llamado “programa” que, con las salvedades a que luego me referiré, no suele conocerse por los electores, se difunden del mismo modo y por medio de apelaciones semejantes que los mensajes publicitarios de suerte que las campañas preelectorales se equiparan a estos efectos a las campañas publicitarias stricto sensu, con la consecuencia, en primer lugar, de que solo se trasladará a los ciudadanos lo que pueda ser de su agrado. Por cierto que no deja de ser notable que precisamente campaña se denomine también al conjunto de actos de difusión que en tiempo anterior a las elecciones llevan a cabo los postulantes a ser elegidos y dirigidos a mover la voluntad de los electores para ponerla a su favor. Pero adviértase que, a diferencia de cuanto sucede en relación a las campañas de publicidad stricto sensu, estas campañas, tan de “propaganda” como las otras, no se someten a ninguna legalidad que venga a prohibir y sancionar principalmente el engaño que para los destinatarios supone lo que razonablemente se desprende de los mensajes publicitarios en relación con las prestaciones realmente propias del bien publicitado. Ya es notable que de hecho se confiera mayor importancia a los engaños publicitarios producidos por una publicidad comercial considerada engañosa y, en general, ilícita que a los que causa una propaganda, vale decir una publicidad, política. Pues al parecer la absoluta indiferencia del derecho ante este supuesto, tan frecuente por lo demás, no llama la atención de nadie; la difusión de publicidad comercial ilícita se traduce en términos de responsabilidad jurídica, cosa que no sucede en el caso de las campañas políticas por engañosas y perjudiciales que en varios sentidos puedan ser para un mejor desenvolvimiento de la vida ciudadana que se sugiere a los destinatarios a los que se dirigen o alcanzan esas campañas. ¿Acaso puede decirse en rigor que los que resultan elegidos tras una propaganda que debería tacharse de ilícita con sus correspondientes consecuencias disfrutan de legitimidad?

Lo cierto es sin embargo que las campañas preelectorales no consisten en explicar –que de verdadera explicación debiera tratarse por la complejidad que entrañan- las políticas que se adoptarán en su caso; las campañas formulan sus propuesta en términos de tan extrema vaguedad, por no decir demagogia,  que resultan incapaces de explicar nada. Pero la falta de fundamentación objetiva de las políticas propuestas e incluso la ausencia de información ya sea acerca de la posibilidad o imposibilidad de ponerlas en práctica –pensemos en directrices de la Unión Europea por ejemplo sobre el déficit público o sobre el endeudamiento público-  o ya sea sobre los efectos secundarios consiguientes a su efectiva práctica es igualmente apreciable también incluso en el llamado “programa” de suerte que ni siquiera del conocimiento de éste se obtendría información pertinente a efectos de valorar la elección de unos u otros candidatos en función de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de acometer las políticas prometidas.

La objetivamente deficiente manera de proponer las políticas que se llevarían a cabo por los candidatos caso de ser elegidos se puede pensar que queda corregida gracias a la adscripción de tales políticas al ideario propio de la oligarquía a que pertenece el proponente. Pero la referencia a esta cuestión exige detenerse previamente en otra que también revela la posibilidad de tener por ilegítima tanto de origen como de ejercicio a la democracia representativa, especialmente tal y como se presenta entre nosotros; Esta última a que me refiero afecta además a lo más que dudoso que resulta su ordenación al bien común.

Sin que sea posible entrar ahora en mayores precisiones, es, a mi juicio, de extraordinaria importancia subrayar la doble circunstancia en que se produce el origen y la maduración en general del sistema político que nos ocupa; si nos limitásemos a considerar el efectivo sistema tal y como funciona en nuestra realidad nacional deberíamos además atender a las circunstancias de la famosa transición a la que no podemos ni debemos referirnos. Las dos circunstancias afectantes en general al sistema de las que paso a ocuparme se conectan hasta cierto punto a la Modernidad en su concepción básicamente francesa. Se trata de los fenómenos que me permito denominar secularización e igualitarismo.

En virtud de la primera, se recluye la esfera del “dad a Dios lo que es de Dios” al ámbito privado en un proceso que se prolonga y acrecienta –no hay que decir que de forma indebida- hasta nuestros días. Y, no vale engañarse, la cantinela de los espacios, público y privado, no pueden dejar de tener, como tienen, efectos acerca de la reducción de la persona, de la vida personal y así sucede que de hecho de ésta únicamente se considera su aspecto o vertiente materialista o, si se quiere, corporal como si con ello se agotase el ser de la persona y no representase tan solo una perspectiva que no desdice de su indestructible unidad de alma y cuerpo. Dicho reduccionismo tiene como consecuencia que solo de los problemas que afectan a la vertiente materialista de la vida de los ciudadanos haya de ocuparse el poder público, que para nada puede ni debe entrar en la vertiente espiritual de la persona sobre la que ni siquiera se ha de pronunciar.

Pero puesto que, por otra parte, se piensa que en el aspecto material se debe procurar la igualdad de todos, habremos de llegar a la conclusión de la pertinencia de que el poder político acometa políticas, llamadas sociales, reconducibles al llamado estado del bienestar. No puede negarse que el igualitarismo es “ideal”, es un decir, que trae a la existencia el socialismo, marxista en su origen y hoy hijo de distintos padres si bien todos ellos partícipes de los mismos insalvables errores en cuanto a la consecución de la igualdad de todos mediante acciones políticas dirigidas al bienestar.  Subrayemos que dichos errores se han venido demostrando empíricamente una y otra vez en la historia (tiempo) y en cualquier lugar geográfico (espacio) y si desde luego las consecuencias de tales erróneas concepciones han sido sin duda trágicas para la humanidad cuando se han llevado a la práctica desde obediencias marxistas, no puede tampoco olvidarse que los errores también se ponen de manifiesto a medio, y no digamos a largo, plazo de la aplicación de esas políticas desde convicciones  que llamamos socialdemócrata. Ello sin contar con las nefastas consecuencias de semejantes políticas, marxistas y socialdemócratas, sobre la persona que es cada uno de los ciudadanos que queda o por completo arrasada o muy seriamente disminuida en sus atributos de tal.

Ello no obstante, no es posible negar el éxito del estado del bienestar una vez que se ha difundido la secularización. La acogida de semejante modelo ha sido, inexplicablemente afirmo, generalizada. El bienestar, que en principio fue paradigma fundamentado en el marxismo, se generalizó por su incorporación por los partidos de izquierdas aun no marxistas de estricta observancia que se consagraron a difundir y realizar el paradigma del igualitarismo como principal dedicación política supuesto que además ese ideal integraba la total felicidad de la persona conviviente en sociedad.

Al éxito del paradigma del bienestar contribuye de forma particularmente poderosa, una vez sobre todo que la secularización preside también el orden personal, íntimo de la persona. Por esta razón incluso los partidos de derechas se atendrán a ese paradigma. Y es que a la secularización se ha unido, como había que esperar sucediese, la indiferencia por lo racional y su sustitución por la valoración de los sentimientos y las emociones, con la inevitable consecuencia del relativismo moral. Pues el de los sentimientos y las emociones es el campo propio de algo tan vago, inconsistente, irreal e inalcanzable, sobre todo en virtud de decisiones políticas, vale decir, a estos efectos, autoritarias, como es la igualdad de todos los hombres, en nuestro caso, de todos los ciudadanos.

El bienestar material a que debe orientarse la acción política no puede definirse de una vez por todas; en cada momento se abrirán nuevos horizontes susceptibles de despertar la apetencia de los ciudadanos. Si del bienestar material hacemos objetivo político, convendremos en la imposibilidad de describir para el futuro, por limitado que fuere, a lo que ha de ceñirse la actividad del poder político. Ésta no puede ser acotada en función de esa finalidad. De ahí que no llame la atención que, del mismo modo que los actos efectuados en las campañas preelectorales, tampoco los programas supuestamente confeccionados para el período de tiempo venidero tras las elecciones den cumplida noticia de los sectores de vida de los ciudadanos y consiguientemente de las correspondientes esferas de su autonomía y libertad en que incidirán los actos constitutivos de las políticas proyectadas. Esto, a mi juicio, se traduce en el hecho de mayor trascendencia para cuanto vengo diciendo ya que significa que la realidad sobre la que puede recaer la acción del Estado carece de límites o, dicho de otra manera, que esa acción puede alcanzar hasta allí donde llega o puede llegar toda la realidad. La consecuencia es que de hecho se reconoce que la acción política puede invadir todo el territorio de la persona, mejor, no se reconoce ningún territorio como propio de un ámbito de autonomía de la persona en el que ésta pueda desarrollarse o intentar consumarse según le proponga su libertad. En verdad que en la concepción de la democracia representativa que es hoy dominante está –aunque bien ocultado para los incautos- el germen del totalitarismo que se encuentra ya en no pequeña parte en realización.

La ilimitación del poder político es, a mi entender, lo más opuesto que cabe respecto del bien común, que debe presidir, no se olvide, la acción política y de ahí que, por mi parte, crea que lo relativo al bien común deba situarse al nivel de la legitimidad, de origen y de ejercicio, del sistema político democrático representativo tal y como en la actualidad se concibe y efectivamente se desempeña.

Considero de interés efectuar una última consideración que intenta dar razón de determinadas especificaciones que podrían quedar inexplicadas sin ellas y, por lo tanto, como meros productos de mi capricho personal.

Antes he comentado que el ideal igualitario entronizado por las izquierdas es hoy día compartido por las derechas. Aunque he señalado ya la influencia de la secularización en semejante hecho, quizá no sobren algunas observaciones sobre la cuestión que me permito expresar a continuación.

La secularización no se limita a ser consecuencia de la autonomía de las esferas preconizada por el propio Jesucristo. La exclusión de las manifestaciones religiosas del espacio público junto a otras circunstancias que no son del caso tiene como consecuencia el creciente debilitamiento cuando no crecente abandono de la religión y la inversamente creciente apetencia por lo todo lo que satisface a  la perspectiva materialista de la persona. Como consecuencia, la promoción del bienestar material que propugna el llamado estado del bienestar es igualmente estimado por las derechas y por las izquierdas. Razón por la cual no es infrecuente atribuir por igual a los partidos de derechas y de izquierdas las políticas que son propias de la socialdemocracia. Como además la ocultación de la religión impide apreciar que la pretensión de lograr y mantener la igualdad de todos es fruto de la “envidia igualitaria”, al contrario se piensa en lo que representa de justicia –social que se llama- el igualitarismo se considera moralmente superior; se diría que es la “secularización” del segundo de los mandamientos en que, según Jesucristo, se resume el Decálogo y que es relativo al amor al prójimo. En mi opinión, eso es lo que funciona como razón que hace que se atribuya a las izquierdas una superioridad moral ante la que, aunque desde luego carezcan de ella, las derechas sienten el mayor de los complejos de inferioridad.

Cierto que las concretas políticas socialdemócratas se ejercen de manera distinta por los partidos de derechas y de izquierdas. Los primeros todavía inspirados por las creencias religiosas aun cuando se tengan tan  solo por ideas culturales atenúan el voluntarismo propio de las izquierdas ateniéndose incluso mínimamente a las ideas propiamente científicas que rigen la economía de mercado, con la consecuencia de que, pese a que el poder invadirá también zonas de autonomía de la persona, no obstante se dejará más amplio espacio al juego de su libertad. En definitiva, también la política socialdemocrática practicada desde los partidos de derechas implica intervencionismo pero al resultar éste menos profundo resulta también menos expresivo de totalitarismo que el derivado de la acción política social de izquierdas.

Un último punto me parece necesario añadir por lo que tiene de esclarecedor respecto del complejo de inferioridad de las derechas. Antes he señalado que la secularización que comienza excluyendo a la religión del considerado espacio público termina, como no podía por menos, por intentar borrarla de cualquier campo afectante a la persona. Piénsese en las aberraciones a que de hecho responde el derecho a la educación o el derecho a la libertad religiosa o el derecho a la libertad de expresión cuando se refiere a la religión. Y, piénsese en especial en la influencia de la religión en múltiples acontecimientos de la vida humana que caen dentro de la acción política exorbitante que hoy, según hemos visto, se practica. Por resumir, toda esa materia integra lo que responde a las ideologías. Y así como las izquierdas se consideran con derecho a regularlas, se niega ese derecho a las derechas; lo que tiene su lógica a partir del repudio de la religión, pues mientras que la regulación por parte de las primeras tienen como eje vertebral definir aquella materia de que se trate en contra de la religión, la regulación de las derechas no sería aceptable sino como contraria a esas materias. El complejo de inferioridad de las derechas se manifiesta ahora por dejar al margen de su acción política cualquier expresión que ponga de relieve lo que habrían de ser las creencias religiosas. Entre paréntesis: ¿será necesario aludir al marianismo o al sorayismo en relación con la ley del aborto o la de la Memoria Histórica y similares? La consecuencia que de ello se sigue es que mientras la derecha no duda en acoger y patrocinar la socialdemocracia siquiera sea con matices según ya hemos visto, aquellas otras materias de significado ideológico quedan abandonadas por las derechas. Así, a la vez que hacen honor a su voluntad de actuar desde el “centrismo” aceptando que se las conozca como de “centro-derecha” reprueban a los sectores de “extrema derecha” que son así  caracterizadas con el beneplácito de las izquierdas por ni sufrir complejo de inferioridad ante éstas ni por sumarse al coro de la regulación ideológica de ciertas materias en contra de las creencias de la fe cristiana, cosa esta última, la regulación indicada, de más que dudosa constitucionalidad mientras que es, indudablemente legítima constitucionalmente hablando la operación de la regulación de aquellas materias conforme a lo que enseña la fe cristiana.

Pongo punto, final al menos por esta vez, con la esperanza de que alguna de las ideas expuestas sea ocasión de meditación y estudio riguroso destinado a construir nuestro sistema político al servicio del progreso –naturalmente, el verdadero progreso que no el de los tenidos por progresistas- de nuestras vidas en sociedad.

 

 

José Mª De la Cuesta Rute

17 junio de 2.019