NO TENEMOS REMEDIO

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A tenor de artículos que difunden prestigiosas publicaciones de derecho (véase La Ley del 9 corriente) parece que algunos profesionales del sector jurídico abogan a favor de nuevas regulaciones de actividades económicas que se practican hasta ahora –rara avis– al margen de cualquier regulación como son las que integran la llamada economía colaborativa. Hasta tal extremo esto es así que esos profesionales establecen distinciones entre las actividades que, a su juicio, puede considerarse que la integran y que fundan diferentes regulaciones, inexistentes por el momento, para unas y otras.

La economía colaborativa ha sido objeto de una Comunicación de la Comisión Europea, publicada el pasado año, y que, por lo pronto, la define de modo tan amplio como para acoger todos los modelos de negocios que incluyen la participación de una plataforma colaborativa que se limita a intermediar entre proveedores de servicios y usuarios en las transacciones que ellos llevarán a cabo. Esa participación por consiguiente puede ser la propia de la sociedad de servicios de la información o puede considerarse que implica algo más. De no limitarse la plataforma a la pura mediación no se puede considerar que su participación queda reducida a aquel ámbito de servicios. Pero entonces habrá de calificarse la naturaleza de la participación de la plataforma para saber de qué modo alcanzan a las transacciones efectuadas por quienes acuden a ella las prohibiciones o limitaciones legales para determinar si y cuáles de entre éstas debe considerarse que les alcanzarían. Se podría decir que el uso de la plataforma no se puede efectuar en “fraude de ley”. Pero, y esto es de suprema relevancia, para la Comisión mediante la plataforma tanto pueden proveerse servicios por profesionales como por quienes no lo son y también es indiferente la condición subjetiva de los usuarios. De semejante importancia es la consideración de que las prohibiciones o limitaciones para actuar a través de la plataforma deben estar fundadas en un interés público y ser proporcionadas a ese fin en el sentido de que no habiendo otro medio de garantizarlo, la restricción a la libertad debe llegar tan solo hasta allí donde es necesario.

En esa Comunicación además se sostiene que la calificación del servicio que preste la plataforma debe hacerse caso por caso y que no puede descartarse que consista en la pura mediación aun en los casos en que se impongan ciertas condiciones de carácter subjetivo o relativas al coste de las transacciones a quienes usan de la repetida plataforma para realizarlas.

Basta leer la definición de economía colaborativa en la repetida Comunicación para comprobar que en su concepto caben actividades distintas sobre las que deben o no recaer las regulaciones ya existentes para cuando no se utiliza ninguna plataforma, pero ninguna nueva deducida de esta circunstancia.

No puede, pues, negarse, que la posición de la Comisión Europea respecto a la economía colaborativa se expresa en términos que se pueden considerar liberales. Por eso es llamativo que por parte de profesionales del derecho, que es algo que por su naturaleza se ordena a la libertad de la persona, se defienda la necesidad de establecer diferencias entre supuestos integrantes de aquella economía para, ellos dirían justificar como si fuese necesario, las oportunas regulaciones en cada una de las variantes.

Esto confirma que, por desgracia, algunos profesionales del derecho se han contagiado del maléfico virus de la insaciable voracidad de los poderes públicos en lo que se refiere a su intervención, en este caso, de la economía hasta el grado tal de que incluso resultan más intervencionistas que los órganos de la más aplastante burocracia.

Se ve que a todo se acostumbra uno. O quizá, dado el caso, más propio sería hablar de adicción.

JOSE MARÍA DE LA CUESTA RUTE

Madrid, 13 de marzo de 2017