OTRA DE REGULADORES

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Pues sí, otra de reguladores… y lo que te rondaré, morena. De reguladores y de supervisores que de todo hay en la viña del Señor, tan “avanzados” estamos ya.

Ahora bien, no me pregunten en qué consisten los avances; ¡habrase visto!, pues  en eso, en contar con reguladores por cada actividad que pueda ocurrírsenos llevar a efecto a los ciudadanos ingenuos e insolidarios, cuando no  explotadores de otros que, de alienados, que están ni siquiera lo advierten. Ah!, bueno, y por descontado, el avance se traduce en contar también con supervisores de esos reguladores que, no hay que decirlo, se articulan según burocracias de tropecientos funcionarios ejecutivos y otros tantos consultivos, sin olvidar las burocracias de la Unión Europea, organizadas también alrededor de las mismas funciones de regulación y, ¡cómo no!, de supervisión.

La ocasión de ocuparme de nuevo de la cuestión me la brinda la reciente circunstancia de la compra del Banco Popular por el Banco de Santander por el precio de un euro. Por supuesto que en la operación va incluida la conversión previa de los bonos en acciones del Banco adquirido. El resultado supone, pues, la pérdida prácticamente completa del valor de las acciones y, por consiguiente, esa pérdida alcanza a los hasta ahora titulares de los bonos u obligaciones del banco.

El caso es que, a pesar de reguladores y supervisores varios, el Banco Popular se ha visto obligado a aceptar la operación citada en aplicación del Mecanismo Único de Resolución vigente en Europa. La operación, pues, de compra por el Banco Santander del regulado y supervisado Banco Popular por el precio de un euro ha sido bendecida por la Unión Europea, como no podía ser de otra manera, mediante la intervención de nuevas burocracias, tal como especialmente la Junta de Resolución, así como también mediante los consiguientes consensos -abracadabra propio de nuestros días- entre supervisores nacionales y comunitarios.

No me entretendré aquí en la oportunidad de la operación en sí porque, aparte de que me falta información para poder formular una opinión fundada, ahora me interesa insistir en lo que no hace mucho tuve que ocuparme en esta misma página y que se resume en que “los hechos hablan por sí mismos” acerca de la inutilidad de las regulaciones y supervisiones a efectos de impedir no sólo la pérdida consiguiente al riesgo inherente a la actividad regulada sino incluso a efectos de impedir su práctica de manera fraudulenta.

En relación con este aspecto, me parecen francamente alarmantes en el “caso Banco Popular”, de un lado, la reacción hostil de algún medio de comunicación ante la compra por el Banco de Santander y, de otro, el grosero aprovechamiento de las circunstancias por parte de quienes se dicen juristas que ponen sus Despachos profesionales de abogado al servicio de accionistas y obligacionistas del Banco Popular, presentados en su publicidad como víctimas de un fraude a la reparación de cuyas consecuencias se aprestan. Y las alarmas se ponen en funcionamiento por lo siguiente.

En primer lugar, porque las censuras y críticas a la operación, en especial las provenientes del medio informativo, se centran en la pérdida que ha supuesto para los accionistas y obligacionistas, convertidos en accionistas, del Banco. Es realmente llamativo que se presente como algo inaudito que sean los socios de una sociedad, esto es, los dueños de la empresa, quienes soporten los resultados de la misma. Como esto en sí mismo es una incongruencia inaceptable, hemos de pensar que la tutela de los pobrecitos accionistas tiene como presupuesto la convicción de que se ha actuado de modo fraudulento para ellos por parte de quienes han actuado en representación de la empresa bancaria o incluso por parte de reguladores y supervisores. Esto no puede ofrecer duda cuando se piensa en la actuación, ofrecida a los pobrecitos accionistas repito, por parte de Despachos profesionales de  abogados.

Pero, en segundo lugar, me alarma que pueda, con toda razón por lo demás, aceptarse la inutilidad de las burocracias reguladoras y supervisoras, nacionales y comunitarias, y aprestarse a actuar incluso contra sus miembros sin poner en cuestión la existencia de esas burocracias y de sus actuaciones. Y no se piense que mi alarma se reduce al ámbito meramente intelectual, lo que ya sin embargo sería suficiente, sino que se extiende al campo de los material, pues, dado que, desde el punto de vista jurídico, puede satisfacerse a los pobrecitos accionistas mediante la declaración de responsabilidad de reguladores y supervisores, en tal caso acabaría respondiendo el papá Estado y la mamá Europa; o sea, usted y yo.

Ante esta situación se comprenderá mi inquietud al observar que una y otra y otra vez se evita un razonamiento apropiado sobre el final en general de las prácticas regulatorias y supervisoras por parte del Estado y de las organizaciones supranacionales   como si fuesen de necesaria e ineludible ejecución.

Porque la realidad real, no la que es solo aparente como demagógico producto de una ideología, nos convence, una y otra vez, de la inoperancia, como mínimo, de las regulaciones y supervisiones, porque, como máximo y según también he tenido ocasión de expresar en varios trabajos, alguno ya muy lejano en el tiempo, las regulaciones y supervisiones “transmiten a los ciudadanos una infundada confianza” en que las acciones reguladas pueden considerarse ajenas a cualquier fraude, con lo que éste “puede prodigarse en franquía ante la descarga de la vigilancia del propio interés”; ello sin contar con las nefastas y más profundas  consecuencias del paternalismo regulatorio en cuanto que separa al hombre de la responsabilidad por sus acciones.

 

José María De la Cuesta Rute.

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