“Res, ipsa loquitur”, un principio de Derecho por completo marginado y desconocido

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[1]Escribo estas líneas bajo la inmediata impresión que me causa conocer la noticia del encausamiento de varios CEOs de la empresa, empezando por quien fue su Presidente, a causa de la admisión de las acciones de Bankia a cotización en la Bolsa.

No me produce ya impresión el encausamiento en sí, pues tan repetido, por desgracia, resulta, no obstante que sean variadas las oligarquías a que se adscriben los sujetos encausados y las concretas razones que determinan el encausamiento. No; lo que de verdad llama mi atención es que, una vez más, la investigación sobre hechos, que subjetivamente afectan, tanto a los miembros de la considerada oligarquía económica o financiera, como a los pertenecientes, ahora sin ninguna reserva sobre la pertinencia de la calificación, a la oligarquía política, pueda limitarse a los integrantes de la primera, presuponiendo de este modo un aislamiento de unos respecto de los otros, incongruente con el fundamento que se alega para legitimar en el orden político la convergencia en la acción tanto de unos como de otros sujetos en referencia a la misma actividad, de signo económico en términos generales.

Me asombra -es un modo de hablar, pues ya se entiende que, por desgracia, no puede en realidad asombrarme por su repetición- que, del proceso que se seguirá para depurar las responsabilidades criminales por el acceso a la cotización bursátil de los títulos de Bankia, queden excluidos los más altos dignatarios, así como otros funcionarios o asimilados, de CNMV y del Banco de España. Líbreme Dios de pretender, ni siquiera insinuar, que a tan altos personajes les resulta imputable una conducta comisiva u omisiva en principio punible; para esa tarea, doctores tiene el Derecho Penal.

Deseo por mi parte hacer reflexionar sobre un aspecto que nunca suele ser objeto de atención en los casos como el que nos ocupa. Me parece  obligado, en efecto, poner de relieve que desconectar uno y otro grupo de sujetos es por completo contradictorio con la pretendida justificación o legitimación de la intervención del Estado, que se desarrolla por los oligarcas que ocupan las poltronas de los organismos que se invisten de potestad para intervenir hasta en la sopa de los ciudadanos. El modo de proceder, que implica la acepción de personas en orden al tratamiento jurídico de sus conductas, significa la inanidad de la mencionada intervención pública.

Pues, que si se aduce su necesidad para prevenir los perniciosos efectos de la perversa acción de las oligarquías económico-financieras mediante el mercado forajido sobre los pobrecitos ciudadanos, es obvio que se debería controlar que esa función se cumple; puesto que solo con el cumplimiento se consigue, de acuerdo a la pregonada finalidad de la intervención pública, garantizar a los mentados “tontitos” contra el fraude en favor de los malvados capitalistas. Resulta, pues, incongruente que, producido el fraude, se excluya toda averiguación acerca de la conducta de los egregios protectores contra el mismo. Si es que se ha comprobado el cumplimiento de las funciones propias de la intervención, queda en evidencia la irrelevancia de la función misma y su inutilidad, por mucho que se la oculte y se pondere, en cambio, su insustituibilidad.

Pero, a mi modo de ver, es inevitable preguntarse ¿para qué una CNMV llamada a garantizar en favor de los inversores la consistencia de los valores cotizados en los mercados autorizados si resulta que se le puede suministrar gato por liebre como antecedentes para su calificación?, ¿para qué todo un Banco Central regulador y supervisor en garantía de las buenas prácticas bancarias en favor de los incautos consumidores y usuarios –¡ahí es nada!-, si el no supervisar resulta que no tiene consecuencias? Y esas preguntas necesariamente se traducen en las que se formulan como  porqués. De una vez, ¿por qué la CNMV?, ¿por qué el Banco de España? Porque lo cierto es que, como los hechos se encargan una y otra vez de demostrar, esos armatostes intervencionistas no sirven para nada útil; sirven para lo que ya vengo diciendo desde, por lo menos, el año 1985 (en la Revista de Derecho Bancario y Bursátil)[2]  y reiteré expresamente el año 2006 (en un artículo publicado en Nueva Revista)[3]. La regulación de las actividades bajo vigilancia y supervisión se vuelve en contra del interés que, desde el punto de vista social-democrático se aduce como causa de la legitimación del sistema, con el plus añadido que representa la falsa creencia generada por la existencia de las actividades intervencionistas acerca de una efectiva protección del interés que, de hecho, no se protege, en contra también de la falsa retórica. Puesto que, como hemos visto, ni reguladores ni supervisores añaden nada a las operaciones de cambio, según la realidad se encarga de demostrar, el hecho de que se continúe manteniendo y ensalzando la social-democracia significa que los hechos no se tienen como prueba; con lo que esto representa de afrenta al Derecho, también en el orden de sus principios que informan la prueba.

De todas formas me apresuro a señalar que, supuesta la pervivencia, contra toda lógica, y parece además que irremediablemente, del sistema social-democrático, todavía sería peor que, o se pretenda insistir en la intervención con una vuelta más de tuerca todavía, ya que ha resultado insuficiente la actualmente practicada, o se simule la utilidad de la intervención acudiendo al expediente de la responsabilidad subsidiaria del Estado, es decir, con su patrimonio y el mío. O sea, que, dentro del sistema engañoso y falaz que nos-hemos dado-a-nosotros-mismos no cabe sino elegir entre la sartén y el fuego. No, por favor, gimo suplicante, que hemos sido buenos.

José María De la Cuesta Rute

12, mayo 2017

 

 

[1] http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/res-ipsa-loquitur/res-ipsa-loquitur.htm

 

[2] “Las responsabilidades de las Administraciones públicas por las alegaciones publicitarias de contenido financiero”, en “Revista de Derecho  Bancario y Bursátil”, 1985, nº-18, págs. 263-288.

 

[3] “Regulación de los mercados y seguridad jurídica”, en “Nueva Revista”, 2006, nº-106, págs. 52-59.