SESENTA AÑOS DE CONSAGRACIÓN AL DERECHO PARA ESTO

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En uno de los cambios de Gobierno, la designación por Franco de uno de sus ministros –no diré de qué- se comunicaba entre los compañeros del designado mediante un mensaje que decía: “Te juro por mi padre que fulano es ministro”. Tal era la sorpresa que despertaba el nombramiento a causa de la confianza (escasa) que merecía, por sus dotes, la persona incorporada al Gobierno. Y no me tengo que cubrir con ningún “se dice…” o “se cuenta…” por la sencilla razón de que me consta la verdad del hecho a causa de haber recibido el mensaje un cuñado mío.

Y he recordado la anécdota ante la noticia de que el Consejo General de la Abogacía Española ha adoptado y difundido una llamada “Guía de igualdad de oportunidades y no discriminación para Colegios de la Abogacía”. Como subtítulo del documento: “Principios rectores en materia de igualdad”. El caso es que sí, te juro por mi padre que el Consejo ha dispuesto con toda seriedad aparente que los Colegios, antes llamados de Abogados y ahora, significativamente, de la Abogacía, deben atenerse a unos principios ordenados a la promoción de la igualdad entre varones y mujeres en su condición de ejercientes como abogados.

Y la cosa resulta más increíble cuanto precisamente atañe a quienes como juristas deberían precisamente clamar contra la entronización de un principio de igualdad que va derechamente contra el tratamiento igualitario de varones y mujeres que demanda el Derecho, y por tanto la Constitución.  Con la mamarrachada de los “Principios” de referencia los juristas no  sólo renuncian a su función de iluminar la vida del hombre en sociedad según la justicia y el Derecho sino que se ponen al servicio de los supuestos a-humanos y, en cierto sentido, totalitarios que impregnan la errónea y contraproducente concepción de igualdad imperante, cómo no, en la acción llamada política propia de nuestros días.

Precisamente por esta contradicción entre la función exigida y exigible a quienes consagran su vida a la realización del Derecho y la iniciativa del Consejo General y aunque la contradicción se establezca en nuestro caso a causa de razones objetivas y no meramente subjetivas como en el caso de la anécdota a que antes me refiero, ésta resulta igualmente expresiva del desconcierto que se sigue en uno y otro caso.

Sin perjuicio de que por mi parte prevea volver sobre el asunto ahora en cuestión, en este momento me ocuparé ya de denunciar mi extrañeza sobre la base de los siguientes tres aspectos generales.

En primer lugar, la “Guía” sobre la igualdad no se atiene a los verdaderos significados de igualdad y de no discriminación consagrados en la Constitución con referencia a la condición del sexo personal. Constitucionalmente hablando, en uno y otro caso el núcleo referencial de la disposición que se establece está en la naturaleza o condición de las personas. Estas, en cuanto tales, han de ser objeto del mismo tratamiento; pero subrayo, en tanto que personas.  Esto es, tanto a la mujer como al varón les son reconocidos los mismos derechos fundamentales y con el mismo contenido de facultades. Pero esto nada tiene que ver en absoluto con ningún criterio de proporcionalidad a que haya de atenerse cualquier acto de adjudicación o reconocimiento que hubiere de practicarse en las relaciones sociales. Por lo demás, la insatisfactoria proporcionalidad implica la consideración ideal de dos grupos sociales distintos integrados separadamente por mujeres y por varones. Esto ya por sí mismo nos descubre que el atenerse a una abstracta proporcionalidad representa cabalmente una desigualdad de trato en cada caso concreto de que se trate. Por su parte, la no discriminación significa que no procede establecer o ejercer una preferencia entre una mujer o un varón por el simple hecho de serlo, siempre que se dé una igualdad de las condiciones que se requieren en el caso concreto de que se trate; lo que, por consiguiente, no significa que no pueda y deba poder escogerse libremente en la hipótesis, bien improbable por cierto, de que entre una mujer y un varón se dieran circunstancias idénticas en todos los sentidos. Y no se invoque la discriminación positiva ni otras majaderías de semejante traza que, por lo demás, no dejan de ser discriminatorias sin que se sepa cuándo acabará su justificación.

En segundo término, la “Guía” en cuestión representa concebir el Derecho de modo plenamente positivista y sobre el presupuesto de su condición de herramienta al servicio de la ingeniería social. Con independencia de todo lo que podría decirse aquí, baste con señalar que con dicha concepción precisamente se desconoce la verdadera función del Derecho como instrumento al servicio de la persona para que en su convivencia con los demás se atengan sus acciones y las de todos a la justicia y se mantenga la paz. Sólo sobre la justicia y la paz puede asentarse nada menos que la libertad personal; es decir, se puede ser persona.

Finalmente, también en la repetida “Guía” se alude a la necesidad del uso del lenguaje inclusivo que, como han demostrado insignes lingüistas y estudiosos en general representa un verdadero “acoso a la libertad” (M. BALLESTER) y, por lo tanto, un elemento difusor de totalitarismo.

No, decididamente no deseo que prosperen las aparentes tontunas de la repetida “Guía”, porque lejos de ser sólo eso, tontunas, su progreso supone un paso más en el terreno del totalitarismo que, por desgracia, se va imponiendo sin género de duda  merced a subterfugios como éste productores del efecto adormidera.

Eso sin contar además con lo incomprensible, al menos para mí que si no soy un genio tampoco creo ser un tontolaba, de muchas expresiones contenidas en la “Guía”. Pero quédese para otro momento hablar de esto.

José Mª De la Cuesta Rute

13 de abril de 2019