Sobre el “parón legislativo”

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Vaya por delante que nada de lo que aquí digo encierra la menor crítica para la autora de la información que se difunde por Diario La Ley, Sección “Hoy es noticia”, el 14 de octubre corriente y a cuyos hechos se refiere mi crítica.  No tengo el gusto de conocer a la autora que, por lo demás, no deja de informar de algo que es un hecho y de no poco interés para los españoles dada la situación de interinidad del Gobierno de España.  El título de la noticia es: “Las veinte directivas europeas paralizadas por el bloqueo político”. El interés que encierra hablar de ello reside para la autora en que el retraso en la trasposición de esas directivas nos involucrará en un procedimiento que, en términos de derecho estricto, supondrá que se impongan a España las sanciones correspondientes por las autoridades de la Unión Europea.

Ciertamente la autora recuerda además los requisitos, señalados ya de modo terminante por el Tribunal de Justicia de la Unión, para la aplicación directa por los tribunales españoles de las normas contenidas en las directivas no traspuestas en plazo.

No son estas cuestiones que, en tanto que tales, quiero que centren ahora nuestra atención. Porque me parece que debe merecerla algo que les es previo. Tampoco, aun siendo también previo e importante, me referiré a los presupuestos que están implícitos en la pertenencia a la U.E. y que se refieren tanto a la limitación de soberanía nacional que para los miembros representa como al déficit democrático de las instituciones europeas. Con ser importantes, esas cuestiones no me interesan en este momento por encontrar, en cambio, necesario y urgente hacer una llamada a la reflexión sobre la concepción del derecho, por lo demás hoy dominante, que subyace a los hechos que son materia de la información de referencia así como sobre la naturalidad con que en la actualidad se admite generalmente que los órganos del poder político no se someten a límites precisos y justificados por el derecho, sino que se extienden hasta allí donde se considera por el propio poder que existe un “interés general”, definido paradójicamente por él mismo, de cuantos pertenecen a la comunidad, en este caso europea. De pasada, señalaré la profunda falacia que entonces encierra hablar, muchas veces sin ton ni son, del Estado de Derecho como si de verdad el poder político de nuestros días respondiera a sus perfiles.

Lo que hago centro aquí de mi atención es la naturalidad con que los profesionales del derecho  -a los que no dudamos incluso en llamar expertos–  damos por bueno que el ejercicio del poder se vincula a regular esto y lo de más allá, y, lo que es peor, consideramos derecho a las ocurrencias regulatorias que se expresan en textos, obtenidos según el procedimiento formalmente adecuado a la producción de la ley, a los que, por eso, llamamos leyes. De la simbiosis de ambos aspectos, regulación de cualquier actividad y su incorporación a textos con forma de leyes,  resulta una constante producción de textos regulatorios que se suceden unos a otros, en unos casos rectificando o complementando y en otros incluso sustituyendo a los anteriores, con tal rapidez que es imposible valorar la pertinencia de éstos o sus efectos impidiéndose así  que se pueda obtener una experiencia en contra de lo que es el humus para el verdadero derecho. Por cierto que esta marginación de la experiencia y su sustitución por un supuesto conocimiento sobre la materia prejurídica del que se supone disfrutan los reguladores no es más que manifestación de la supina ignorancia de que por ser  aquella materia resultado de la interacción libre entre personas resulta en buena parte impredecible y, por consiguiente, no susceptible de diseño alguno de ingeniería social.

Al reduccionismo, pues, que significa comprender el derecho como un simple mandato formulado bajo la formalidad de una norma jurídica con la eficacia de ley se une la aceptación de un poder al que se reconoce la potestad de ser crecientemente invasivo de ámbitos de libertad y consiguiente responsabilidad de la persona; la libertad entonces sencillamente queda suprimida en esos territorios.

Pues bien, he aquí que la información que motiva estas letras es un ejemplo de cuanto digo. Nada menos que la trasposición de veinte directivas se ha retrasado por el llamado “parón legislativo” español que alcanza algo más de un año a estos efectos. Pero además si bien se  mira muchas de esa directivas tienen por objeto modificar o suplementar o de algún modo corregir otra u otras directivas anteriores promulgadas pocos años antes de su modificación. Como ejemplo de lo a lo que me refiero reproduzco la información a que vengo haciendo alusión que, a su vez, se fija en una de esas veinte directivas no traspuestas. Con referencia a una de ellas se dice, con razón, textualmente: ”Directiva 2013/50/UE (LA LEY 17667/2013) , por la que se modifican la Directiva 2004/109/CE (…) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado, la Directiva 2003/71/CE (…) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores, y la Directiva 2007/14/CE ( …)  de la Comisión por la que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas prescripciones de la Directiva 2004/109/CE.” Me parece que huelgan todos los comentarios. Si acaso me parece útil recordar la función insustituible del derecho de suministrar seguridad, por eso llamada jurídica, a las relaciones entre personas que, por ser desfallecientes, podrían comportarse tornadizas respecto de sus compromisos.

No puedo ocultar mi inquietud ante el hecho de que, por si fuere poco lo que sucede entre nosotros, semejante, por lo demás, a lo que sucede en otros países, haya que sumarle además las regulaciones emanadas de los reguladores europeos. Ante el silencio observado ante esta situación por la inmensa mayoría de los profesionales de la abogacía parece desprenderse su comprensión de la misma por parte de tan dignos operadores jurídicos, del mismo modo que no es temerario pensar que esa comprensión también la compartan quienes tienen como función la solución de conflictos según derecho. De la enseñanza del derecho en las Facultades universitarias, quizá sea mejor no hablar. Dejémoslo, si son tan amables, para otro día.

José Maria De la Cuesta Rute

Catedrático emérito de Derecho Mercantil UCM (Madrid