SOBRE LA LEGISLACIÓN «MOTORIZADA»

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De legislación motorizada hablamos fundamentalmente para indicar la frecuencia en el cambio legislativo –en realidad, normativo escrito, pues no solo se trata de leyes stricto sensu– destinado al tratamiento dizque jurídico de las realidades pre-jurídicas. Pero también se extiende la mención a la creciente multiplicación de las normas, y es precisamente en este sentido en el que debemos tomarlo aquí.

Pues estas palabras tienen como origen y referencia las que, según el diario ABC de Madrid del día 25 del corriente, recoge un estudio del que son autores Juan S. MORA-SANGUINETTI y Ricardo PEREZ VALLS y que ha sido publicado por el Banco de España. De “maraña legislativa” habla ese estudio en relación con la vertiginosa multiplicación del número de normas reguladoras en general producida a partir de la normalización de nuestra vida democrática por referencia a la anterior situación política. La conexión de la enmarañada producción de normas, digamos que jurídicas, con la entronización de la Constitución (CE) lleva a los autores a tener como causa de la tan repetida maraña a la multiplicidad de los órganos administrativos capaces de emanar normas reguladoras que resulta del Estado de las Autonomías.

Sin menoscabo ni de la consideración debida a los autores del estudio de referencia ni tampoco de la verdad que encierra su conexión de la legislación motorizada al principio territorial del Estado Autonómico, me atrevo a sostener sin embargo que, como ya en otros lugares lo he hecho (v. Fundamentación antropológica del Derecho. Madrid, s.d. pero 2019; especialmente, págs. 171 y ss.), la motorización normativa es debida sobre todo al fenómeno de la intervención pública, podríamos decir hasta planificadora, de la economía. Desde este momento es oportuno señalar que, además de lo que la intervención púbica significa para la economía, para el derecho supone o implica entenderlo en el más grosero sentido del positivismo legalista. Y por cierto que, a partir de ese punto de vista, la motorización representa a la vez tanto el cambio de contenido de las normas como su multiplicación creciente.

En efecto, la función más o menos planificadora, pero planificadora al fin, de la realidad económica se realiza por medio de normas “formalmente” jurídicas emanadas según la más absoluta arbitrariedad. Las normas se atendrán al diseño propuesto por el poder político en cada caso. Se apunta así, aunque ahora no podamos sino apuntarlo, al sentido positivista legalista del Derecho, que se concibe como herramienta o instrumento desentendido de cualquier fin o función que no sea su idoneidad para alcanzar el propósito perseguido por la planificación económica arbitrariamente diseñada.

Mas ese diseño exige perfilar la realidad pre-jurídica sobre la que él se proyecta. Luego la planificación implica la previa determinación de esa realidad, que, a su vez, no puede representar sino la arbitraria fragmentación de la realidad social. Y aquí reside, en mi opinión, la raíz de la cuestión. En cierto modo ésta se asimila a cuanto sucede en relación con las ramas del Derecho por referencia a la realidad a que conciernen.

Una realidad es jurídicamente problemática cuando en verdad plantea conflictos que han de ser resueltos por el Derecho a fin de que la vida siga fluyendo. Esos conflictos pertenecen al mundo conceptual derivado de las determinaciones propiamente jurídicas. Conviene señalar que nada tiene que ver la seguridad conceptual a la que me refiero aquí con que para las soluciones jurídicas de los conflictos haya de recurrirse a los llamados “conceptos jurídicos indeterminados”; se trata de órdenes distintos de determinación o de la proyección de ésta sobre dos ámbitos diferentes.

En el caso que nos ocupa, la arbitrariedad de quien tiene potestad para imponer coactivamente las normas tiene como presupuesto la previa selección de la realidad sobre la que las normas proyectan su eficacia. Mas como la realidad social resulta ser histórica y, como consecuencia, fruto de la libertad de los hombres y, en este sentido, impredecible, por mucho que se restrinja la acción libre de los ciudadanos, siempre quedará un resquicio por donde puedan entrar a configurar la realidad multitud de circunstancias imprevisibles.

De lo dicho resulta que la arbitrariedad del poder se manifiesta en primer lugar en señalar la zona o sector de realidad sobre la que extenderá su diseño planificador; en establecer, luego, la conducta debida –por coerción- en acciones que integran ese sector de realidad. Pero tengamos en cuenta que si incluso en relación con la interpretación del derecho stricto sensu, que ha de hacer llamada a las ramas propiamente dichas y rectamente constituidas a lo largo de la historia, se producen dudas por su interacción, mayores serán las dudas y más difícil su estructuración armoniosa en referencia a la multiplicidad de normas arbitrarias sobre cualquier realidad no menos arbitrariamente establecida. De esta suerte no faltarán además normas ordenadas a la coordinación sustancial de las otras.

Por otro lado, no debe olvidarse que la realidad es un resultado, resultado que presupone infinidad de imprevisibles circunstancias, procedentes en su caso de contingentes acciones de multitud de personas desconocidas; la singularidad de cada realidad, incluso de la realidad de que se trate en cada caso según se haya establecido por el arbitrio del poder, lleva a la producción de nuevas normas tan pronto se comprueben las nuevas circunstancias con las que no se contó al dictar las anteriores; no hay que decir que respecto de las nuevas normas se repetirán los procesos antes descritos en relación con las normas originarias. En suma, que se tiene que contar con un proceso interminable e indefinido de producción de normas que, por lo demás, siempre será insuficiente y reconocible como mejorable a posteriori.

Se comprende, entonces, la incidencia de la “motorización” en la noción y la función del Derecho, según también tengo manifestado en otros lugares. Ella influye en la interpretación de las “supuestas” normas jurídicas en cuanto que se expresan con abundancia de generalizaciones abstractas, que no principios generales, pese que se los enuncia como tales, y de “conceptos indeterminados“ que distan de ser propiamente conceptos jurídicos no determinados.

Todo ello es lógico si se piensa que las “motocicletas” están al servicio del totalitarismo y de los poderes insaciables de la dominación. Pues bien, por mi parte digo un NO rotundo a la penetración constante del poder en cada vez más amplias zonas de la realidad vital de las personas bajo el disfraz del diseño y de esa cosa ininteligible a la que se le da el nombre de justicia social.

10/02/20